La investigación revela el uso controvertido de sedantes por la policía al detener a individuos.

La práctica de administrar sedantes a personas detenidas por la policía se ha extendido en silencio por todo el país durante los últimos 15 años, basada en una ciencia cuestionable y respaldada por expertos alineados con la policía, según una investigación realizada por The Associated Press. Desde 2012 hasta 2021, al menos 94 personas murieron después de que se les administraron sedantes y fueron restringidos por la policía, lo que representa casi el 10% de las más de 1,000 muertes identificadas durante la investigación de personas sometidas por la policía de maneras que no deberían ser fatales.

Los defensores de esta práctica dicen que los sedantes permiten un tratamiento rápido para emergencias conductuales relacionadas con drogas y episodios psicóticos, protegiendo a los primeros respondedores de la violencia y son administrados de manera segura miles de veces al año para llevar a personas con condiciones potencialmente mortales a los hospitales. Los críticos argumentan que la sedación forzada debería estar estrictamente limitada o prohibida, ya que los medicamentos, administrados sin consentimiento, son demasiado arriesgados para ser utilizados durante encuentros policiales.

Las inyecciones ocurrieron a lo largo de todo el país, desde un desierto en Arizona hasta una calle en St. Louis y un hogar en Florida. Ocurrieron en grandes ciudades como Dallas, suburbios como Lithonia, Georgia, y áreas rurales como Dale, Indiana.

La investigación reveló que aproximadamente la mitad de las personas que murieron después de las inyecciones eran negras. Detrás de la disparidad racial se encuentra una condición médica disputada llamada delirio excitado, que impulsó el aumento de la sedación fuera de los hospitales.

La muerte de Elijah McClain en Aurora, Colorado, en 2019 puso de relieve esta práctica. Un paramédico condenado por dar una sobredosis de ketamina a McClain fue sentenciado el mes pasado a cinco años de prisión, y un segundo paramédico fue condenado a 14 meses de cárcel y libertad condicional el viernes.